La Infraestructura Pública Digital (DPI por sus siglas en inglés) no puede reducirse a una solución tecnológica. Las infraestructuras digitales son construcciones con impactos estructurales en la sociedad. Cuando se diseñan sistemas de identidad digital, sistemas de pago o plataformas de intercambio de datos, también se crean posibilidades de inclusión, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Durante el OGP Summit, encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Vitoria-Gasteiz en España, participamos en el panel “Multi-stakeholder Approaches to govern and design new Digital Public Infrastructure”, donde conversamos sobre por qué las DPIs deben construirse con principios de derechos humanos, y gobernanza democrática, y cómo los lineamientos de la ONU ofrecen salvaguardas que nos ayudan a evitar que estas herramientas se transformen en mecanismos de vigilancia, discriminación o exclusión.
Algunas reflexiones de esta conversación:
🔹 Las salvaguardas de la ONU promueven interoperabilidad inclusiva, protección de datos, soberanía tecnológica y transparencia algorítmica.
🔹 En América Latina enfrentamos riesgos específicos (arquitecturas fragmentadas, algoritmos sesgados, baja participación social) que hacen urgente aplicar un modelo de evaluación e implementación regional de las salvaguardas.
🔹 El acompañamiento de la sociedad civil, fortalecimiento de capacidades regionales y procesos participativos son esenciales para el desarrollo responsable de la infraestructura digital pública.
Desde ILDA enfatizamos la oportunidad de ver a los DPIs como bienes comunes de datos: abiertos, auditables y gobernados democráticamente. Agradecemos a Co-Develop por la organización de esta necesaria conversación.