En los últimos años, la Infraestructura Pública Digital (DPI por sus siglas en inglés) se ha posicionado como un componente central de la transformación digital de los Estados. Sistemas de identidad digital, plataformas de pagos interoperables y mecanismos de intercambio de datos están redefiniendo la forma en que las personas acceden a servicios públicos, participan en la economía digital y se relacionan con las instituciones públicas.
Al mismo tiempo, crece el consenso internacional sobre la importancia de los datos como un bien público digital, fundamental para la innovación, la transparencia y la toma de decisiones basada en evidencia.
Sin embargo, a medida que se expanden los sistemas de DPI, también surgen preguntas importantes: ¿Cómo deben gobernarse los datos dentro de estas infraestructuras?, ¿Cómo garantizar que estos sistemas sean inclusivos, transparentes y respetuosos de los derechos de las personas?
En este debate global, el movimiento de datos abiertos, con más de una década de experiencia en América Latina, ofrece aprendizajes valiosos.
Para hacer esta conexión es importante definir ¿Qué es la Infraestructura Pública Digital?
De acuerdo a las definiciones de UNDP, la Infraestructura Pública Digital se refiere a un conjunto de sistemas digitales fundacionales que permiten la provisión de servicios públicos y el desarrollo de ecosistemas digitales.
Entre sus componentes más comunes se encuentran:
- Sistemas de identidad digital
- Plataformas de pagos digitales
- Infraestructura de intercambio e interoperabilidad de datos
- Plataformas digitales para la provisión de servicios públicos
Cuando se diseñan adecuadamente, estos sistemas pueden mejorar la eficiencia del Estado, reducir la burocracia, ampliar el acceso a servicios y generar oportunidades de innovación en el sector público y privado.
Sin embargo, dado que gran parte de estos sistemas se basan en el uso intensivo de datos, su diseño y gobernanza tiene implicaciones directas para la privacidad, la representación, la equidad y la confianza pública.
¿Qué puede aprender la DPI del movimiento de datos abiertos?
El movimiento de datos abiertos en América Latina ha impulsado reformas institucionales, marcos normativos y comunidades de práctica que han transformado la relación entre datos, Estado y sociedad. A partir de esta experiencia, es posible identificar algunas lecciones clave que se pueden trasladar a la discusión sobre gobernanza democrática de la DPI.
Desde ILDA, identificamos 5 lecciones claves para poner en discusión:
1. La gobernanza digital debe ser multiactor
Uno de los principales aprendizajes del movimiento de datos abiertos es que las políticas de datos son más sólidas cuando se construyen con la participación de múltiples actores, buscando la representación de lo diversas que son nuestras sociedades.
Gobiernos, organizaciones de sociedad civil, academia, sector privado y comunidades han contribuido históricamente al desarrollo de políticas, estándares y ecosistemas de datos abiertos en la región. Estos espacios de colaboración no solo permiten incorporar diversas perspectivas, sino también construir legitimidad y confianza.
En el contexto de la DPI, esto implica promover procesos de consulta, co-creación y deliberación que permitan discutir desde el inicio cómo se diseñan, implementan y evalúan estos sistemas.
La colaboración no debe limitarse a momentos puntuales de consulta, sino formar parte de todo el ciclo de vida y gobernanza de estos sistemas.
2. La transparencia es clave para construir confianza
Los datos abiertos surgieron en gran medida como una herramienta para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.
En el caso de la DPI, esta dimensión sigue siendo fundamental. A medida que más servicios públicos dependen de sistemas digitales y del procesamiento de datos, resulta cada vez más importante que las personas puedan comprender:
- qué datos se recolectan
- cómo se utilizan
- qué instituciones tienen acceso
- qué mecanismos existen para proteger su privacidad
La transparencia no solo facilita la supervisión pública, sino que también es una condición clave para construir confianza en la infraestructura digital del Estado.
3. Los estándares abiertos y la interoperabilidad son fundamentales
Otra contribución central del movimiento de datos abiertos ha sido la promoción de estándares abiertos, formatos accesibles e interoperabilidad.
Estos principios permiten que diferentes sistemas, instituciones y actores puedan intercambiar información de manera eficiente, segura y transparente. También reducen la dependencia de tecnologías propietarias y facilitan la innovación.
Para la Infraestructura Pública Digital, esto es especialmente relevante. Los sistemas de DPI deben poder interactuar entre sí y con otros sistemas públicos y privados bajo estándares claros. El uso de estándares abiertos favorece la creación de ecosistemas digitales más dinámicos, competitivos e innovadores.
4. La participación y el fortalecimiento de capacidades importan
Abrir datos no garantiza automáticamente su uso o impacto. A lo largo de los años, el movimiento de datos abiertos ha demostrado que es necesario invertir en el desarrollo de capacidades y comunidades de práctica.
Organizaciones de la sociedad civil, periodistas de datos, investigadores y desarrolladores han jugado un rol clave en analizar datos, generar evidencia, desarrollar herramientas y promover el uso público de la información.
Para la DPI, este aprendizaje implica fortalecer las capacidades de diferentes actores; ciudadanía, academia y sociedad civil, para que la manera en cómo funcionan estos sistemas sea comprensible y así sea posible, evaluar sus impactos y participar en propuestas de mejora.
También implica generar espacios para que las personas puedan incidir en las decisiones sobre cómo se recolectan y utilizan los datos que alimentan las decisiones que afectan o benefician sus vidas.
5. Diseñar sistemas digitales con enfoque de derechos humanos desde el inicio
Finalmente, la experiencia del movimiento de datos abiertos también ha mostrado que los datos implican riesgos si no se gestionan adecuadamente; problemas de privacidad, reidentificación de personas, uso indebido de información o impactos negativos para comunidades vulnerables.
Por eso, el desarrollo de sistemas de DPI debe incorporar desde el inicio principios de protección de datos, evaluación de impactos y salvaguardas éticas.
Esto implica adoptar enfoques de ética y derechos por diseño, donde las consideraciones sobre privacidad, equidad y seguridad se integren en la arquitectura misma de los sistemas digitales.
Hacia una infraestructura digital realmente pública
Las discusiones sobre DPI en el marco de los derechos humanos, el abordaje de los datos como bien público digital y el empuje a procesos globales como el de UN DPI Safeguards Framework, abren una nueva etapa en el debate sobre la gobernanza digital.
En este contexto, la experiencia acumulada por el movimiento de datos abiertos, particularmente en Latinoamérica, puede ofrecer insumos importantes para diseñar infraestructuras digitales que realmente respondan al interés y a las necesidades públicas.
Más que un desafío puramente tecnológico, la Infraestructura Pública Digital es un desafío de gobernanza democrática, derechos y participación. Aprender de las lecciones acumuladas del movimiento de datos abiertos puede servir para asegurar que estos sistemas se desarrollen de forma inclusiva, transparente y orientada al bien común.