La segunda edición del Índice Global sobre IA Responsable (GIRAI), lanzada el 8 de julio, ofrece una imagen clara del avance de la gobernanza de la inteligencia artificial (IA). En distintos países aumentó la cantidad de estrategias, políticas y marcos dedicados a orientar el desarrollo y el uso de estas tecnologías. Sin embargo, el crecimiento normativo no siempre viene acompañado de instituciones capaces de aplicar esas decisiones, supervisar sus efectos o garantizar mecanismos de reparación.
El índice, elaborado por el Global Center on AI Governance junto con una red internacional de investigadores y socios regionales, entre ellos, la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA), analiza 135 países a partir de más de 68.000 puntos de datos. La investigación abarca el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de septiembre de 2025.
El GIRAI es una herramienta que mide la existencia de instrumentos de política, así como de leyes, estrategias o directrices, y si estos se traducen en instituciones, mecanismos de supervisión, programas, sistemas de monitoreo, entre otros. Esta distinción metodológica es central, ya que permite diferenciar entre compromiso y capacidad.
Entre los hallazgos principales, a nivel global, vemos que el 95% de los gobiernos demuestran algún compromiso con la IA responsable. No obstante, la calificación promedio es de 35 puntos sobre 100 y solo el 55% de los marcos adoptados presenta evidencia de implementación. En los países del Sur Global, esa proporción desciende al 45%.
Estos resultados sugieren que el principal desafío ya no es únicamente reconocer la importancia de una IA responsable. La cuestión central es cómo convertir ese reconocimiento en decisiones institucionales, presupuestos, procedimientos, capacidades técnicas y controles públicos.
Una región con avances, pero de manera desigual
América Latina refleja este escenario global con características propias. La cobertura temática de los marcos de gobernanza se amplió significativamente desde la primera edición del GIRAI. En el Sur Global, el promedio de áreas abordadas aumentó en un 83%. Sin embargo, el 78% de los marcos activos identificados en esa categoría son no vinculantes.
En América del Sur y Centroamérica, la cobertura promedio de los indicadores del índice alcanza el 44%, frente a un promedio global del 42%. La cobertura de las iniciativas lideradas por los gobiernos se sitúa en el 29%, por debajo del promedio global del 33%.
La región presenta diferencias importantes entre sus países. Brasil, Chile y Uruguay encabezan la clasificación regional, seguidos por Colombia, Costa Rica y Perú. Estos países presentan avances distintos en materia de marcos normativos, protección laboral, transparencia algorítmica, evaluación de impactos e inclusión.
Brasil se destaca por combinar una estrategia nacional con evidencia de su implementación. Sus políticas incluyen acciones relacionadas con la adquisición pública de sistemas de IA, la sostenibilidad ambiental y las condiciones laborales. También ha desarrollado orientaciones operativas para el uso responsable de la IA generativa en el sector público.
Chile presenta avances en la incorporación de una perspectiva de género estructural. Su política nacional considera cómo los sistemas de IA pueden reproducir o profundizar desigualdades existentes y contempla evaluaciones de sesgo a lo largo del ciclo de vida de los sistemas.
Uruguay, por su parte, ofrece un ejemplo relevante en materia de derechos laborales. La Ley 20.396 establece protecciones para los trabajadores de plataformas digitales, incluyendo garantías relacionadas con la remuneración, la jornada laboral, la seguridad social y el derecho a recibir explicaciones sobre las decisiones automatizadas.
También existen desarrollos importantes en Perú y Colombia. El marco peruano incorpora obligaciones vinculantes para determinados sistemas de alto riesgo, mientras que Colombia avanzó en la transparencia respecto de los sistemas algorítmicos utilizados por el Estado.
Más políticas pero sin implementación
El GIRAI identifica una tendencia importante: los gobiernos están desarrollando marcos de IA con mayor rapidez, pero la implementación sigue siendo fragmentada.
La existencia de un marco no garantiza que las personas sepan cuándo una decisión fue tomada o asistida por un sistema automatizado. Tampoco garantiza que puedan cuestionarla, obtener una explicación o solicitar una revisión humana.
Por eso, la gobernanza responsable requiere mirar más allá de los principios generales. También implica registros públicos, evaluaciones de impacto, autoridades con competencias claras, procedimientos de auditoría y mecanismos de rendición de cuentas. En América Latina, esta distancia entre la formulación y la ejecución es especialmente relevante. La región cuenta con estrategias y políticas cada vez más completas, pero aún necesita consolidar instituciones, presupuestos y capacidades técnicas que permitan sostenerlas en el tiempo.
Una agenda todavía abierta
El lanzamiento de la segunda edición del GIRAI ofrece una oportunidad para identificar prioridades. En América Latina, será necesario fortalecer la institucionalidad pública, convertir los compromisos voluntarios en obligaciones exigibles y promover una mayor transparencia en el uso gubernamental de sistemas algorítmicos. Del mismo modo, resulta urgente ampliar las protecciones laborales, incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y asegurar que las políticas de IA consideren los efectos sobre grupos históricamente vulnerabilizados.
La región ya cuenta con experiencias que pueden servir de referencia para otros países. El desafío consiste en conectarlas, evaluarlas y adaptarlas, evitando tanto la adopción automática de modelos externos como la proliferación de iniciativas aisladas.
Desde ILDA, creemos que la discusión sobre la IA responsable no se resolverá únicamente con nuevas estrategias o normativas. Requerirá capacidad estatal, participación pública efectiva y decisiones sostenidas en el tiempo. El valor del GIRAI está, precisamente, en mostrar cuánto falta para que los compromisos se conviertan en prácticas verificables.