Hablar de internet hoy es hablar de mucho más que de acceso. Es hablar de conectividad significativa, derechos, gobernanza y capacidades para que la vida digital amplíe oportunidades y no reproduzca desigualdades.
América Latina y el Caribe ha avanzado en conectividad, pero la revolución digital sigue incompleta. Según datos de CEPAL y OCDE, en 2022, el 67,3% de los hogares de la región tenía acceso a internet, frente al 91,1% del promedio de países de la OCDE. La brecha es aún más profunda cuando se observa el nivel de ingresos: solo el 46,4% de los hogares más pobres estaba conectado, frente al 84,6% de los más ricos. Y la desigualdad territorial sigue siendo una barrera clara: el 74,8% de los hogares urbanos tienen acceso, frente al 35,8% en zonas rurales.
Estos datos muestran algo central: tener acceso a internet no es suficiente. La conectividad debe ser de calidad, estable, asequible y acompañada por capacidades para usarla de manera plena. La digitalización puede potenciar el desarrollo, pero es fundamental que vaya acompañada de infraestructura, habilidades y una regulación adecuada.
Desde ILDA venimos sosteniendo que un internet confiable también depende de su gobernanza: quién participa en las decisiones, cómo se regulan las plataformas, qué control tienen las personas sobre sus datos y qué lugar ocupan la ciudadanía, la comunidad científica y las organizaciones sociales en el diseño del entorno digital.
Esa discusión es urgente porque las desigualdades offline se replican online. Factores como ingreso, territorio, educación, género, racialización o condición socioeconómica siguen determinando quién puede acceder, comprender, evaluar, crear y beneficiarse de internet. En la práctica, eso termina generando nuevas formas de exclusión y de ciudadanía digital de segunda categoría.
Los datos de la CEPAL también muestran por qué esta agenda es urgente en educación. En América Latina, el 38% de las y los estudiantes de 15 años dice que nunca o casi nunca usa computadores en la escuela. A la vez, las y los jóvenes de la región usan más intensivamente los dispositivos digitales para fines recreativos que para actividades escolares. Y aunque ha aumentado la disponibilidad de equipos en las escuelas, persisten brechas en el uso pedagógico y en los incentivos para que docentes integren estas herramientas de manera cotidiana.
Por eso insistimos en que el desafío no es solo conectar, sino fortalecer capacidades para un uso de calidad de internet. Eso implica educación digital, habilidades críticas, alfabetización informacional, protección de derechos y marcos de política pública que reduzcan riesgos y amplíen posibilidades. Además, es necesario fortalecer competencias desde la infancia, acompañar a docentes y cuidadores, adoptar marcos orientadores de formación digital y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en línea.
La pregunta fundamental para reflexionar hoy no debería ser solo cuánta gente está conectada, sino qué tipo de internet estamos construyendo y cómo avanzamos hacia un ecosistema digital que amplíe derechos, distribuya oportunidades y permita que más personas y comunidades participen en condiciones de dignidad.