En el marco de la #OpenGovWeek, vale la pena detenernos a revisar dónde está hoy la agenda de gobierno abierto. Lejos de ser un conjunto estático de compromisos o buenas prácticas, es una agenda viva, que atraviesa el desafío de adaptarse a transformaciones tecnológicas cada vez más aceleradas.
En los últimos años hubo avances importantes en América Latina y el Caribe, una región que ha asumido un liderazgo destacado en esta agenda, lo que se refleja en cientos de portales de datos abiertos, políticas, estándares de transparencia y nuevos espacios de participación. Sin embargo, aún persisten desafíos conocidos. Uno de los principales es la brecha entre la publicación de datos y su uso efectivo. Abrir datos no es suficiente si no son accesibles, comprensibles y relevantes para quienes podrían utilizarlos.
A este escenario se suman tecnologías emergentes que generan un cambio de escala, como la incorporación acelerada de inteligencia artificial (IA) en la gestión pública. Estas tecnologías abren oportunidades para mejorar servicios y potenciar la innovación pública, pero también introducen nuevos riesgos, como la opacidad de los sistemas, los sesgos y las dificultades para auditar procesos cada vez más complejos.
En este contexto, el gobierno abierto nos puede ofrecer parte de la respuesta. Durante 2025, tuvimos una experiencia muy interesante desarrollando la publicación Inteligencia Artificial y Gobierno Abierto: Perspectivas locales junto a 5 gobiernos locales, liderado por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), donde reflexionamos sobre cómo los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas no son ajenos a la inteligencia artificial, sino un marco clave para orientarla. Especialmente a nivel local, donde estas tecnologías ya se están implementando, la pregunta no es solo cómo innovar, sino cómo hacerlo sin perder control democrático.
Esto también resignifica el rol de los datos abiertos, pues siguen siendo una infraestructura fundamental, no solo para la transparencia, sino también para algo aún más crítico en este nuevo escenario: permitir la auditoría pública, el análisis independiente y la comprensión de sistemas que dependen cada vez más de datos y algoritmos. Sin datos accesibles, de calidad, documentados e interoperables, la capacidad de supervisar estas tecnologías se reduce drásticamente. Y sin una buena gobernanza de datos, tampoco hay posibilidad real de mantener una IA responsable.
Por eso, el desafío ya no es solo abrir más datos, sino consolidar y mejorar la calidad, el contexto, la documentación y la interoperabilidad. Sumado a esto, hace falta pensar la IA a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el diseño y la adquisición hasta la implementación, el monitoreo y la evaluación. En ese recorrido, el sector público necesita marcos de rendición de cuentas, mecanismos de revisión humana y capacidades para distinguir cuándo una herramienta aporta valor público y cuándo introduce más riesgos que beneficios.
Actualizar la agenda de gobierno abierto no implica empezar de cero, sino fortalecer y adaptar herramientas que ya existen. Integrar esta agenda con los debates sobre inteligencia artificial es clave para asegurar que la innovación tecnológica en el sector público siga alineada con valores democráticos. La #OpenGovWeek es una invitación a dar ese paso: nuestra meta no debe ser solo sostener lo construido, sino proyectarlo hacia los desafíos que vienen.