El pasado 26 de agosto, como parte de las actividades de la #SemanaIA de ILDA, tuvimos un conversatorio para explorar los resultados de la 2º edición del Índice Global sobre IA Responsable (GIRAI). Junto a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados Americanos (OEA), sociedad civil e investigadoras de la región, hubo un tema que atravesó significativamente la conversación: en América Latina sabemos escribir estrategias, pero nuestra asignatura pendiente es ejecutarlas.
Así lo planteó Gloria Guerrero, Directora Ejecutiva de ILDA, durante el conversatorio: «Sabemos que en América Latina somos buenos para escribir estrategias, escribir planes, en su caso a veces hasta leyes. Pero ahora falta cerrar ese último broche, esa última milla hacia la implementación.»
El GIRAI, elaborado por el Global Center on AI Governance junto a una red de socios regionales, analizó 135 países con más de 68.000 puntos de datos. Nicolás Grossman, Director de Proyecto del Índice y quien presentó los hallazgos, resumió el panorama global con una frase que abrió el debate: «La IA se está adoptando más rápido que la capacidad de los gobiernos para gobernarla.»
Lo que muestra el índice en la región
¿Qué dicen los datos? Nicolás destacó que a nivel mundial, la cobertura de instrumentos de gobernanza llega apenas al 42%, y solo el 55% de esos marcos tiene evidencia real de implementación. Para el Sur Global, esa proporción desciende al 45%.
América Latina y el Caribe, como bloque, están por debajo del promedio global en ambos indicadores. Pero la región no es homogénea: América del Sur y Centroamérica promedian 38,8 puntos, ligeramente por encima del promedio mundial de 35. Brasil ocupa el puesto 11 global, y cinco de los seis primeros países de la región superan los 50 puntos. El Caribe, en cambio, promedia solo 22,42, con una brecha enorme entre República Dominicana (47,92) y otros estados.
De lo declarativo a lo operativo
Arturo Muente, Especialista líder en modernización del Estado en BID, marcó un punto muy claro sobre la brecha existente: «128 de 135 países tienen algún tipo de compromiso formal, pero el score promedio es 35 sobre 100. Hay una brecha obvia entre los principios declarativos y la implementación.»
En este punto, el BID propone trabajar simultáneamente en tres pilares: gobernanza institucional clara (sin un modelo único obligatorio, sino con autoridades responsables definidas), infraestructura de datos de calidad, y capacidades humanas.
Si bien el BID ya capacitó a más de 20.000 funcionarios públicos en IA generativa básica, Arturo advirtió sobre un riesgo silencioso: «Los funcionarios todavía no entienden muy bien que los modelos gratuitos van a usar los prompts y respuestas como entrenamiento, así que no hay que poner cosas confidenciales o personales.»
Arturo también subrayó que la región tiene 11 estrategias nacionales de IA, pero solo dos países tienen una ley específica: Perú y El Salvador. Casi todas estas estrategias hablan de enfoques basados en riesgo, pero sin un andamiaje regulatorio claro que defina qué hace cada gobierno frente a esos riesgos identificados.
Hacia una arquitectura de implementación
Mike Mora, Jefe de la Sección de Gobierno Digital y Abierto en el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, articuló el principal desafío: «América Latina y el Caribe ya no están en la etapa de reconocer que la inteligencia artificial debe gobernarse. El reto ahora es convertir ese reconocimiento en instituciones, capacidades, controles y protecciones efectivas para las personas.»
Desde ese punto de partida, Mike propuso prioridades concretas que estructuran una ruta clara de acción:
- Estructurar una arquitectura de implementación real: Designar autoridades responsables, planes operativos, presupuestos, plazos e indicadores.
- Exigir altos estándares al Estado: Implementar registros algorítmicos públicos, evaluaciones de impacto, reglas de contratación y supervisión humana.
- Fortalecer la gobernanza de datos: Tratarla como infraestructura básica de la IA responsable, apoyándose en los 113 lineamientos de la OEA y la Red RedGealc.
- Salvaguardas proporcionales al riesgo: Requerir evaluación y supervisión continua para servicios esenciales como salud, empleo, justicia y seguridad.
- Financiar capacidades públicas y de la sociedad civil: Garantizar recursos para reguladores, academia y comunidades, recordando que sin fondos ni formación no hay participación efectiva.
- Impulsar la cooperación regional: Reutilizar herramientas y coordinar agendas, financiamiento y asistencia técnica.
La conclusión de Mike fue clara: «Los resultados describen una región que ha avanzado con países líderes, buenas prácticas y marcos propios, pero la adopción de la IA sigue avanzando más rápido que nuestras garantías. La prioridad no es escoger entre innovación y derechos, es construir la capacidad institucional para que la innovación produzca valor, confianza y desarrollo precisamente porque respeta los derechos.»
Pasar de consultas a alianzas permanentes
Gloria Guerrero, con la perspectiva de sociedad civil en el debate, abordó un punto que atraviesa estas reflexiones: «Hoy América Latina no necesita más espacios de diálogo. Necesitamos mecanismos permanentes que conviertan la colaboración multisectorial en capacidades, en evidencia y en decisiones concretas.«
Además, identificó un riesgo central: el de importar marcos regulatorios diseñados para otros contextos, sin considerar la informalidad, la desigualdad, la diversidad cultural y lingüística propia de la región. Justamente, el tema de género es paradigmático ya que aparece mencionado en casi todas las estrategias, pero rara vez llega a implementarse. Lo mismo ocurre con la protección de menores, la participación de comunidades indígenas y el impacto ambiental.
Gloria también destacó la importancia de alianzas transregionales: «No solamente qué podemos aprender desde el norte, sino también qué puede el norte aprender de nosotros.» Para cerrar, fue enfática: «La implementación requiere de conocimiento, de recursos y de espacios permanentes que no sean solamente un evento, una consulta, un diálogo, sino realmente un mecanismo de colaboración.»
Lo que dicen las investigadoras desde el terreno: Panamá y Paraguay
Lía Hernández, abogada e investigadora en Panamá, sumó sus reflexiones sobre un problema estructural: fragmentación entre academia, sociedad civil y gobierno, con iniciativas replicadas sin coordinación. Sin embargo, sí destacó el desarrollo de la estrategia nacional, resultado de un proceso de un año con participación multisectorial y un modelo de cómo hacerlo bien.
Antonia Bogado, investigadora en Paraguay y consultora externa de TEDIC, presentó un contraste más pronunciado aún: «Tenemos capacidades, tenemos infraestructura digital, instituciones y una sociedad civil activa, pero todavía no tenemos la gobernanza para aprovecharlos con reglas.» De esta manera, propuso tres caminos de acción: trabajo preparatorio para una Estrategia Nacional de IA ejecutable; comenzar por el propio Estado (qué sistemas usa, cómo los contrata); e incorporar prioridades como transición laboral, idioma, género, inclusión, matriz energética y participación de la sociedad civil.
El camino que queda: de promesas a resultados
El mensaje que atravesó todo el conversatorio fue unánime: la región ya superó la etapa de reconocer que la IA debe gobernarse. El desafío ahora es institucional, presupuestario y de voluntad política. El foco no debe estar solo en el avance regulatorio, sino en lograr ejecutar las normativas que ya existen. ¿Cómo se avanza en eso? Gloria aporta una reflexión final que nos abre un posible camino: «La implementación requiere conocimiento, recursos y espacios permanentes que no sean solamente un evento o una consulta, sino un mecanismo real de colaboración.«